Por Kelia Álvarez López
Rafael llevaba seis años como operario de bodega cuando una lesión en la columna lo tuvo meses entre incapacidades y terapias. Volvió con orden médica de no cargar peso y, a las dos semanas, le entregaron la carta de despido "sin justa causa", con la indemnización de siempre. Pero la ley lo protegía. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 prohíbe despedir a una persona por razón de su discapacidad "salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo", y a quien despidan sin ese permiso le reconoce una indemnización de ciento ochenta días de salario, además de las prestaciones que le deban.
Y usted dirá: ¿entonces con esos 180 días quedan a paz y salvo? Pues no. La Corte Constitucional, en la sentencia C-531 de 2000, dijo que ese despido sin autorización previa "carece de todo efecto jurídico". Y la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1152-2023, explicó que si el empleador no pidió el permiso del Ministerio del Trabajo se presume que el despido fue discriminatorio; si el patrón no prueba en el juicio una justa causa o una razón objetiva, procede el reintegro, el pago de los salarios dejados de recibir y la indemnización. Y no se exige dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Eso sí, para la Corte Suprema no cualquier quebranto de salud da esta protección (en tutela, la Corte Constitucional es más amplia): debe tratarse de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, que encuentre barreras en su trabajo y que el empleador conociera al despedirlo, salvo que fuera notoria. Si le pasó, guarde su historia clínica y la carta, y consulte pronto: hay plazos. Esta columna es información general y no reemplaza la asesoría jurídica sobre su caso concreto.
Publicada originalmente en el periódico Al Día el 10 de noviembre de 2026.
Sobre la autora. Kelia Álvarez López es abogada litigante con más de 23 años de ejercicio, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, especialista en Derecho Constitucional, Laboral y Relaciones Industriales y columnista jurídica en prensa escrita. Atiende en Barranquilla y en toda Colombia.